Creo que es hora de hacer un alto en el camino y reflexionar: nos estamos destruyendo como nación por la sordidez de unos pocos que están haciendo más crítico aquello por lo que supuestamente protestan.

El paro empezó porque existió consenso ciudadano en que la reforma tributaria que presentó el exministro Carrasquilla al Congreso fue inoportuna, desconectada de la realidad y desbordada desde todo punto de vista. Creo que todos, desde el fondo de nuestras almas, apoyábamos las protestas porque se justificaba manifestarse contra el peor error de táctica política que hemos presenciado en varias décadas, sin embargo, la reforma fiscal hoy es historia y la crisis sigue aumentando sin una razón clara.

Al cuestionar a la gente en la calle sobre las razones de los paros, bloqueos, el vandalismo y la violencia de los últimos días, la verdad es que no es tan claro y no existe una respuesta cuando menos “uniforme” frente al aparente “inconformismo”.

Cada uno, desde su realidad, pelea por algo distinto y casi nadie se ha tomado el trabajo de analizar si lo que pide o pretende es viable, pagable, si con su conducta de los últimos días está haciendo más difícil y lejano conseguir aquello que anhela, si está tragando entero, si es un títere de quienes quieren sembrar caos y si lo que pide realmente lo beneficia en algo.

Se cree con una lógica casi infantil que el presidente Duque es el culpable de todo, pero lo que es peor aún, consideran absurdamente que él va a solucionar lo que no hemos podido arreglar durante más de dos siglos de historia.

Se olvida convenientemente que, para bien o para mal, la reforma tributaria tenía un componente social que se banalizó y ridiculizó, escuetamente porque la oposición no puede permitir que un gobierno distinto del que ellos pretenden implantar, pueda impulsar las reformas sociales que nadie había tenido la osadía de proponer, tales como la renta básica para conjurar la pobreza extrema, la devolución del IVA o la educación superior gratuita en las instituciones públicas para los estudiantes de menores ingresos.

Al gobierno se le pide de todo, ¡literalmente de todo! Sin embargo, cuando se le pregunta a los “inconformes” sobre la forma en que ellos solucionarían sus propias solicitudes, no se ofrece ninguna respuesta, simplemente porque todos sabemos que las peticiones están pensadas en ser tan irracionales que nunca puedan ser cumplidas.

El propósito real es buscar razones, las que sean, para mantener la zozobra, el pesimismo, el inconformismo, la molestia de la gente y hacer de eso una bola de nieve. No se me haría raro que en el pliego de peticiones se culpe a Duque y se le obligue a buscar al “unicornio azul” que ayer a alguien se le perdió.

Desde hace dos semanas el gobierno, que ha perdido toda capacidad de acción, se dedica a buscar soluciones para tratar de apagar el incendio, no obstante, cada día, como si fuera una pesadilla sin fin, los “líderes” de la protesta se inventan una nueva reivindicación. La de esta semana es acabar con la fuerza pública y con el Ejército; la de la próxima semana, cuando lo logren, será otra aún más absurda y así hasta que logren llegar a las próximas elecciones que es a donde realmente quieren llegar.

Todos han encontrado una razón distinta para protestar y se instrumentaliza a los “jóvenes” para indicar que son ellos los que protestan, sin embargo, los camiones atravesados, las barricadas incendiarias y los grupos de bandoleros que se han dedicado a extorsionar a la población a lo largo y ancho del país no son estudiantes; son grupos muy organizados y que tienen como único propósito llevar a los colombianos a pensar que la única salida es derrocar al gobierno de turno para que los “mesías” del caos y la anarquía nos demuestren sus falsos poderes salvadores y sus verdaderos intereses.

Lo cierto es que la gente también se está empezando a cansar, todos nos hemos visto afectados, pero en especial los más humildes. Esos que en estas dos semanas han pagado en mercado lo que hubieren pagado en dos meses y que llevan caminando semanas para poder ir a trabajar y para volver a sus casas.

Es contradictorio que por cuenta de lo sucedido en los últimos días se esté leyendo a Colombia a nivel internacional como un país que no respeta los derechos de sus ciudadanos, pero que por otro lado veamos cosas como las que ha vivido Cali, en donde ante la ausencia del Estado, alguien más lo reemplazó; cuando eso pasa, lo que sigue es violencia e ilegalidad; sencillamente se impone la ley más básica del ser humano: la ley del más fuerte.

Tal como lo resumía en mi columna anterior, todos estamos perdiendo y mucho, sin embargo, al final del camino, cuando todo pase, porque pasará; los que promovieron este movimiento habrán perdido más que todos; su mezquindad política no les permitió ver a tiempo que lo único que sembraron en el país fue más polarización y más muerte.

Hoy me pregunto: ¿Será que los que pretenden reemplazar al presidente Duque tienen las capacidades para recuperar un país al que le están destruyendo la confianza social, su infraestructura económica y sus instituciones?, ¿será que destruir el progreso social y económico alcanzado en los últimos 30 años tiene algún sentido?, ¿de verdad ese es el país que quieren gobernar?

Creo que es hora de hacer un alto en el camino y reflexionar: nos estamos destruyendo como nación por la sordidez de unos pocos que están haciendo más crítico aquello por lo que supuestamente protestan. Esto no se trata de reivindicaciones sociales sino de intereses políticos.

La Corte Constitucional emitió la Sentencia C-103 de 2021, de la cual, como de costumbre, solo conocemos un escueto comunicado de prensa. En esa sentencia, la Corte nos recuerda algo que todos ya sabíamos: el teletrabajo tiene límites de jornada y pueden generarse horas extras, nocturnas o dominicales.

Sería ideal que la Corte se tomara el trabajo de emitir las sentencias y luego anunciarlas, sin embargo, contra toda lógica, en este país de cosas raras pasa exactamente lo contrario. Nos anuncian el sentido de los fallos, pero solo conocemos las decisiones definitivas y en especial sus fundamentos, varios meses después. El problema es que los ciudadanos nos vemos obligados a tomar decisiones citando comunicados de prensa y no sentencias, eso raya en lo absurdo.

Pues bien, al margen de ese reproche, en esta ocasión la Corte toma la decisión de declarar constitucionales algunos apartes de la Ley 1221 de 2008, que regula el teletrabajo y retiró otras frases de la norma que considera, no se adaptan a los postulados de la carta magna.

Según la sentencia, el teletrabajo es una forma de trabajo especial, pero en la mayoría de los aspectos que regulan las relaciones de trabajo, se trata de trabajadores comunes y corrientes que gozan de todas la garantías legales y constitucionales. La Corte se empeña en “ajustar” la ley vigente para que no quede ninguna duda: existen límites y cualquier requerimiento del empleador, fuera de horario o excesivo, tiene la facultad de generar recargos por trabajo extraordinario.

Hasta ahí no hay nada novedad. Se trata de una “ayuda de memoria” que coincide con un esfuerzo del Congreso y del Ministerio del Trabajo, por tratar de encontrar diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo.

Sin embargo, con la sentencia empieza a ser aún más evidente que las diferencias entre las dos figuras son prácticamente nulas, salvo porque el trabajo en casa podría imponerse cuando las circunstancias lo demanden y el teletrabajo tiene que ser consensuado con el trabajador. De resto, tiene pequeños “maquillajes” que no ameritaban una nueva categoría, sino sencillos ajustes de lo que tenemos hace más de una década.

El problema más que de normas y sentencias, empieza a ser de madurez y preparación para el teletrabajo. Estas “respuestas” normativas y judiciales ante los excesos obedecen a que nadie estaba preparado para lo que nos tocó afrontar y las figuras que hasta hace un año lucían novedosas, hoy están empezando a desgastarse.

Si bien es cierto que al principio de la pandemia todos vimos en el teletrabajo una gran solución y hasta nos empezamos a emocionar con la figura, en los últimos meses hemos descubierto que el trabajo desde nuestra casa está “recalentado” y que se han borrado ciertos límites, al mezclar la vida y el espacio laboral con el personal.

Del otro lado de la moneda, ya empiezan a aparecer estudios que indican que el teletrabajo no es para todo el mundo, ni en todos los oficios. La productividad podría verse incrementada en algunos casos, pero no es una regla exacta. En muchos eventos, la falta de control social y laboral genera bajo rendimiento. Sentimos que hacemos mucho, pero no siempre lo que hacemos es realmente productivo.

Para teletrabajar se requiere preparación, coordinación y desarrollar ciertas competencias que pueden ser difíciles de alcanzar, en especial, cuando no se confía plenamente en la figura y creemos erróneamente que se puede seguir laborando, sin cambios, desde la oficina o desde la casa. Nada más equivocado; son formas de trabajo totalmente distintas.

Por ahora, nuestras autoridades seguirán en el delirante empeño de expedir normas y sentencias que presuntamente nos “ayudarán” a comprender mejor el trabajo a distancia, sin embargo, el tema no es de regulación, es de cultura, preparación y actitud.

Es posible que la sociedad avance hacia la reducción del tiempo de trabajo para tener más espacios personales, pero para llegar a eso, primero deberíamos solucionar temas más urgentes como reducir el desempleo, cerrar la brecha de equidad y en desarrollarnos como nación.

A finales del 2020 fue noticia el trámite de un proyecto de ley que pretende reducir la jornada de trabajo sin afectar los salarios de los trabajadores. En su momento, existió meridiano consenso en que se trataba de una iniciativa altamente inconveniente y, en mi opinión, inoportuna.

Contra todo pronóstico, el proyecto ha seguido su trámite en la Cámara de Representantes y en los últimos días el congresista ponente, representante Jhon Arley Murillo, ha convocado a audiencias públicas para escuchar la posición de los diferentes sectores y grupos de interés sobre la conveniencia del proyecto.

En los “chismes” políticos se indica que existe un acuerdo del partido de gobierno (autores del proyecto) para que otras bancadas apoyen la iniciativa y se convierta en norma, sin embargo, han acordado darle un “bajo perfil” para “sorprender” a la gente con miras a las elecciones legislativas que se avecinan. En otras palabras, al parecer, se está fraguando un típico escenario de populismo legislativo que pretende convertir esta “gabela” en votos.

En buena hora los gremios han reaccionado y de forma juiciosa participaron de las audiencias públicas presentando las cifras y los estudios que demuestran que la iniciativa, si bien puede “lucir” justa y de alto impacto social, también representa una catástrofe para el mercado de trabajo, en especial, considerando que estamos atravesando la peor crisis económica y social de nuestra historia reciente.

Según la Andi, “En promedio, para cubrir las ocho horas no trabajadas en la semana, las empresas cargarían con un costo semanal promedio de $85.309 por persona. Esto, escalado a los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas, significaría un costo anual de 26,9 billones de pesos para la economía, es decir, un impacto de cerca de 2,7% del PIB de 2019”.

Para tener claro el impacto económico del proyecto, podemos tener como referente la última reforma tributaria del Gobierno Duque (Ley de Financiamiento – Ley 1943 de 2018), que tan solo generó poco más de 6 billones de pesos. Esto significa que el proyecto de ley implicaría para los empresarios un esfuerzo cinco veces mayor; que sumado a la reforma fiscal que ha iniciado su trámite, literalmente acabaría con las expectativas de recuperación de la economía en el corto y mediano plazo.

Igualmente, los gremios de la producción indican que de llegarse a convertir en ley el proyecto, no va a generar mayor empleo y tampoco se reducirán realmente las jornadas de trabajo, simplemente porque los empresarios preferirían pagar más horas extras en lugar de vincular nuevos trabajadores. Es decir, la reducción de jornadas, en realidad se convertiría en un incremento de los salarios por la puerta de atrás; así de sencillo.

Incluso el Ministerio de Hacienda, al ser requerido para que se pronunciara sobre la procedencia fiscal del proyecto, indicó lapidariamente que “si bien la iniciativa legislativa (..) persigue un fin loable no sería conveniente impulsar esta propuesta ante el panorama actual descrito como consecuencia de la pandemia”, es decir, incluso el Gobierno Nacional considera que el proyecto es inviable y está fuera de toda lógica en las actuales circunstancias.

Acá la pregunta es: ¿Sí es claro que reducir la jornada de trabajo afectará a todos, por qué seguir insistiendo en ese proyecto? Las respuestas pueden ser muchas, pero es evidente que el fin último no es incentivar el empleo, simplemente porque en las actuales circunstancias nadie, ni siquiera los trabajadores, encontraríamos una ventaja real.

Arriesgarnos a “probar” a ver cómo nos va y alegar que la implementación será progresiva, es ponerle pañitos de agua tibia a lo que se convertirá en un gran dolor. Lo que está quieto y funcionando desde hace siglos, sin reparo de casi nadie, como es el caso de la jornada laboral… ¿para qué cambiarlo?

Es posible que la sociedad avance hacia la reducción del tiempo de trabajo para tener más espacios personales, pero para llegar a eso, primero deberíamos solucionar temas más urgentes como reducir el desempleo, cerrar la brecha de equidad y en desarrollarnos como nación.

Los países que tiene jornadas inferiores a las 48 horas semanales son todos, sin excepción, países desarrollados que pueden darse ese lujo porque han solucionado nuestros actuales problemas, pero con una pequeña diferencia, los resolvieron hace varias décadas.

Es el momento de pedirle sensatez al Congreso. Ese proyecto, sin mayores discusiones o lamentaciones, debe archivarse. Ya habrá tiempo y espacio para esa discusión, por ahora tenemos el deber ético de concentrarnos en sacar el país adelante, reactivarnos y generar empleos de calidad; eso es lo verdaderamente urgente.

” Existen cinco factores que llevan a concluir que Uber es en realidad un empleador y no simplemente una “plataforma de contactos”, tal como siempre ha pretendido presentarse y actuar en todo el mundo”.

El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido profirió una sentencia en la que determina que los conductores de Uber deben ser considerados como workers (trabajadores) y que ese reconocimiento, les otorga el derecho a disfrutar de vacaciones, afiliación a seguridad social y a devengar un salario mínimo por su trabajo al servicio de la aplicación.

Según la sentencia, existen cinco factores que llevan a concluir que Uber es en realidad un empleador y no simplemente una “plataforma de contactos”, tal como siempre ha pretendido presentarse y actuar en todo el mundo.

Esos factores son los siguientes: i) Uber define las tarifas y el conductor no puede modificarlas; ii) Los términos del servicio son impuestos por Uber y el conductor debe someterse a ellos; iii) Cuando el conductor se conecta a la plataforma, debe aceptar los servicios que le indique Uber so pena de ser sancionado; iv) La plataforma controla a los conductores a través de la calificación de su servicio obligándolos a mantener un buen promedio para garantizar su vinculación; y finalmente, v) Uber restringe la comunicación entre los conductores y los usuarios para impedir que celebren acuerdos privados de transporte.

Cualquier parecido con la realidad de las plataformas colaborativas de todo tipo en nuestro país y en el mundo entero, no es una coincidencia; simplemente es la forma en que ese modelo de negocio opera y difícilmente podría funcionar de una forma distinta. Si los conductores de Uber fueran realmente autónomos, las plataformas serían insostenibles en el tiempo, porque su servicio se reduciría a un sitio de “citas”, en el mejor sentido de la palabra.

Esa sentencia ha causado revuelo en todo el mundo y Colombia no puede ser la excepción. Hoy nos preguntamos: ¿estamos frente a una nueva modalidad de vinculación laboral? O, por el contrario, ¿simplemente empieza a ser claro que el mundo reconoce que los colaboradores de las plataformas colaborativas en realidad son trabajadores -en el sentido tradicional del concepto-, en lugar de simples trabajadores independientes que deben proveerse a sí mismos de garantías para poder trabajar?

Para empezar, es prudente explicar que el sistema legal inglés hace una diferencia que puede parecer sutil, pero es trascendental. En Inglaterra, se diferencia entre un “empleado” (employee); un “trabajador” (worker) y el “trabajador independiente” (self employed), siendo categorías similares, pero finalmente muy distintas en su concepción y efectos a la hora de reconocer quien es un colaborador permanente y quien no lo es.

En Inglaterra, un worker desarrolla una relación jurídica intermedia entre un “empleado” y un trabajador independiente. En virtud de esa clasificación, esos colaboradores no son entendidos como “trabajadores directos dependientes”, pero sí se reconoce algún grado de subordinación y dependencia del contratante, en este caso de Uber, lo cual los hace merecedores del pago de un salario mínimo, del reconocimiento de vacaciones y de algunas garantías de seguridad social.

Ahora revisemos el caso colombiano en donde la categoría denominada “worker” no existe. En Colombia es blanco o es negro, no tenemos escala de grises. En nuestro país, el conductor de Uber es empleado o es independiente; así de sencillo. Eso sucede porque nuestra legislación es anacrónica, a tal punto, que presume que todo aquel que preste un servicio personal es trabajador hasta que no se demuestre lo contrario (Art. 24 C.S.T.).

Esa dicotomía entre ser totalmente subordinado o ser absolutamente independiente, puede ser nefasta a la hora de encontrar soluciones al problema para aquellos casos que se encuentra en una situación intermedia. No obstante, lo único claro es que esos “colaboradores” son seres humanos. Son personas que se exponen, laboran incansablemente para garantizarle comodidad a otros y le generan riqueza al empresario; por ende, en el más básico ejercicio de la justicia, merecen gozar de garantías mínimas, tal como lo está reconociendo la sentencia inglesa.

En mi opinión, las plataformas de colaboración tienen muchos elementos de subordinación laboral, pero también muchos otros de independencia. Esa particular característica mixta o ecléctica genera una tercera categoría en Colombia: el semidependiente que aún no existe en los códigos, pero que vemos todos los días en nuestras calles y en nuestras puertas. Ese es el punto: honrando la realidad, necesitamos crear una nueva clasificación de colaboradores urgentemente.

Solucionar este tema no es opcional. Tenemos el deber de regular el asunto porque las economías colaborativas no van a desaparecer ni en Inglaterra, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo. Por el contrario, día tras día, la sociedad se empeña en tejer complejas redes de bienes y servicios en las que todos participamos y nos beneficiamos como individuos y como sociedad. Solo piensen en esto: ¿Se imaginan lo que hubiera sido de muchos de nosotros sin los domiciliarios en medio de las cuarentenas en esta pandemia? El mundo cambió y seguirá cambiando; nos toca aceptarlo.

Por ahora, el tema no solo ha llegado a Colombia por las noticias, sino que ya empiezan a verse algunos ejemplos de que sí se puede hacer algo y que las plataformas colaborativas deben preocuparse por sus colaboradores. Es loable que empresas multilatinas como IFood hayan anunciado su determinación de afiliar a sus repartidores a los sistemas de seguridad social contra su propio pecunio, es decir, sin cobrarle a los domiciliarios, ni a los usuarios. Es cuestión de tiempo para que otras plataformas sigan el ejemplo; hoy ser socialmente responsables hace la diferencia para muchos de sus clientes, ya sean estos consumidores o restaurantes.

Regular esas relaciones laborales de facto es inaplazable. No solo para defender a los conductores, domiciliarios y demás trabajadores de plataformas, sino para proteger una fuente de empleo que evidentemente ha aliviado el desempleo, ha favorecido a aquellos que no tienen un lugar en el mercado laboral y, por qué no decirlo, ha beneficiado a muchos migrantes que encuentran en las plataformas una fuente para generar recursos para su sostenimiento y el de sus familias, ayudando a que la carga social sea menos pesada para todos.

En las últimas semanas ha causado gran revuelo el proyecto de resolución por medio del cual, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, pretende poner en marcha la nómina de salarios electrónica como un paso más hacia la consolidación definitiva de la facturación, igualmente electrónica, que desde el año pasado viene funcionando con relativo éxito.

Lo primero que debe decirse es que no es un tema nuevo. El reporte de la nómina de salarios a la DIAN es uno de los muchos componentes que se previeron cuando se diseñó un complejo sistema de facturación y reporte, en tiempo real, de las distintas operaciones sujetas a impuestos que las empresas ejecutan todos los días.

Es un cambio que puede parecer brusco, que genera suspicacias y que lógicamente tiene muchos detractores, en especial, porque nadie entiende muy bien cuál es el alcance de esa figura, para qué la DIAN quiere esa información, o mejor aún, para qué la usará.

Se pueden ofrecer muchas explicaciones, la mayoría de ellas “políticamente correctas” y que indican que todo debe “modernizarse” y “sistematizarse”. Sin embargo, de fondo, es sensato reconocer y aceptar que el fin último de la nómina electrónica es fiscalizar y recaudar más impuestos, facilitando la tarea al dejarlo todo en manos de un computador que está gobernado por la ya omnipresente inteligencia artificial.

Es claro que esta nueva figura es un paso más hacia el sueño de la DIAN y de todos los Gobiernos, sin importar quién sea el presidente, de enviarle a las empresas y a las personas naturales su declaración de impuestos “lista”, sin que tengan el menor margen de maniobra para la elusión.

En el caso de la nómina electrónica el tema se reduce a controlar y fiscalizar automáticamente la mayor fuente de recaudo del impuesto de renta de las personas naturales que es su salario y hacerlo en tiempo real. Eso, hace algunos años, era impensable; hoy es un hecho.

Si hay algo difícil en la administración de nómina, es calcular cuál es la retención que debe efectuarse a un trabajador como consecuencia de sus ingresos, en especial, porque Colombia posee una serie de exenciones y beneficios tributarios que permiten y, por qué no decirlo, facilitan la reducción de impuestos en conductas que muchas veces rayan en la ilegalidad.

El tema es sencillo, si la nómina la efectúa un sistema controlado por el ente recaudador de impuestos, que para el caso será el propio empleador al reportar, es claro que esos “esguinces” al pago de tributos desde el momento mismo en que el trabajador recibe su salario, tenderán a desaparecer.

De otro lado, esa basta información, tarde o temprano, también será usada para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP (la “DIAN” de la seguridad social), cruce información, haga cuentas y fiscalice los aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales. Hoy esa gestión de control es posterior al pago, normalmente se efectúa muchos años después, generando costos muy onerosos de intereses y sanciones; incluso cuando muchas de las pruebas útiles para defenderse ya no obran en los archivos de las empresas por distintas razones.

Los que han sufrido un proceso de fiscalización de la UGPP saben que puede ser una verdadera pesadilla. Para bien o para mal, es probable que una nómina con reporte electrónico a las autoridades fiscales nos evite esos costosos “reprocesos” … todo hay que verlo desde el lado amable.

Por ahora, el tema se encuentra en su etapa de implementación y es tan solo un “proyecto de resolución” que aspira a convertirse en norma antes de marzo de 2021, toda vez que se espera que las grandes empresas estén reportando su nómina a mediados de este año. Con seguridad para esas empresas la implementación de la figura se reduzca a generar una interfase de sus actuales sistemas de nómina que suelen ser muy robustos y eficientes y cuyos desarrolladores ya están trabajando sobre los aspectos técnicos del proyecto.

No obstante, es muy probable que el tema tome mucho más tiempo del que ha previsto la DIAN, porque con seguridad resultará un proceso tortuoso y complejo para la inmensa mayoría de los empleadores que en este país son microempresarios, en especial para aquellos que ni siquiera cuentan con un sistema especializado de nómina, por lo que pedirles que la pongan en “línea” puede resultar siendo algo titánico.

Tal como sucedió con la factura electrónica, es altamente posible que pasemos por muchos proyectos y correcciones antes de llegar a una versión final, funcional y operativa de la figura. La nómina con reporte electrónico a la DIAN quizás nos dé algo de espera, pero no rebaja. Como muchas cosas en la vida, la única opción es aceptar la realidad, prepararse para ella, acomodarse y avanzar.