Subir el salario mínimo a un millón de pesos o reducir la jornada semanal ocho horas son escenarios equivalentes, aun cuando provengan de esquinas ideológicamente tan alejadas.

Muchos me han pedido una opinión sobre la reducción de la jornada de trabajo que fue aprobada en la plenaria del Senado la semana pasada y que reduce en un día la jornada semanal, o -lo que es lo mismo- que reduce la dedicación horaria de las cuarenta y ocho horas de hoy en día a cuarenta horas semanales, tal como figura en el proyecto.

Escribir estas palabras me costó mucho trabajo, entre otras razones porque reconozco que todos, sin excepción, deberíamos tener la posibilidad de trabajar un poco menos y dedicar ese tiempo a otras actividades personales y familiares para tener una mejor calidad de vida y lograr el tan anhelado equilibrio entre la vida personal y la laboral. Muchos países europeos, e incluso algunas empresas colombianas, por convicción, han recorrido ese camino y han logrado demostrar que el que trabaja menos horas, cuando lo hace con compromiso y disciplina, lo hace mucho mejor y suele ser más productivo.

Qué bueno sería que esas horas se dedicaran a mejorar las relaciones personales, a hacer ejercicio, a leer, a aprender un arte, a planear un emprendimiento o simplemente a ver la serie que siempre hemos querido, pero que no podemos ver por física falta de tiempo. Tengo la certeza, de corazón, de que todos seríamos mejores seres humanos si le dedicáramos un poco más de tiempo a ser realmente felices, el necesario a todos los aspectos transcendentales de la vida.

Ahora bien, cuando le imprimo sensatez al asunto, mi opinión cambia radicalmente.

Creo que no existe un momento más inoportuno para plantear una reducción general de la jornada de trabajo que el que estamos viviendo. Hablar de reducir jornadas cuando el desempleo ha alcanzado cifras históricas y el poco empleo que se crea es informal no solo suena ilógico, sino altamente preocupante.

Lo que propone el proyecto, en la práctica, es un incremento salarial del 16% porque los trabajadores ganarán lo mismo, pero trabajarán un 16% menos. Revisando todo lo que han propuesto los distintos actores laborares en los últimos días, es casi el mismo incremento salarial que han planteado las organizaciones sindicales, que aspiran a que el salario mínimo alcance el millón de pesos mensual, lo que representa un incremento cercano al 14%. Sin embargo, en este caso el “ajuste” se da por la vía de los descansos.

Es decir, en mi opinión, las dos propuestas que están sobre la mesa son iguales. Subir el salario mínimo a un millón de pesos o reducir la jornada semanal ocho horas son escenarios equivalentes, aun cuando provengan de esquinas ideológicamente tan alejadas. Lo irónico es que cada esquina tacha a la otra de populista e insensata.

¿Cómo explicar que nuestros legisladores están pensando en que todos trabajemos menos horas, cuando muchos colombianos no pueden laborar ni siquiera una hora para llevar el pan a sus casas? Es igual que decirles a esos mismos desempleados que los que sí tienen trabajo ahora van a devengar un 14% más. Ante esta paradoja mi abuelita diría: ¡No hay nada más feo que comer delante del hambriento!

Cualquiera podría pensar que, si trabajamos menos horas, las empresas van a salir a buscar nuevos trabajadores para cubrir el “hueco”; sin embargo, en las actuales circunstancias, muchos preferirán reducir su operación, ajustarla a la realidad actual y, por ejemplo, eliminar un turno completo de trabajo, lo cual implica, paradójicamente, dejar más gente sin empleo.

Me pregunto si los que aprobaron la reducción de la jornada la semana pasada son conscientes de que el servicio de vigilancia, los meseros de los restaurantes que frecuentan o los médicos que los atienden siete días a la semana, veinticuatro horas al día, probablemente les cobren más por el mismo servicio que reciben o simplemente no los atienden porque la asistencia resultará mucho más costosa cuando las empresas deban pagar más por el mismo tiempo laborado.

Este tipo de propuestas aisladas, quizá oportunistas -por no decir populistas- solo demuestran que nuestro país no cuenta con una política pública de empleo de largo plazo. Es urgente repensar nuestro sistema laboral para corregir muchas deficiencias; quizá la más preocupante es que casi el 70% de los colombianos es informal, es decir, trabaja por cuenta propia, sin seguridad social y en muchos casos devenga menos del salario mínimo legal.

En lugar de estar aprobando proyectos a los que es muy difícil oponerse porque hacerlo es “políticamente incorrecto”, deberíamos estar concentrados y comprometidos firmemente en concertar una reforma laboral urgente, de emergencia, que nos ayude a salir de la difícil coyuntura, pero que de paso corrija muchos de los problemas de empleabilidad que aquejan al país desde hace décadas.

Yo creo en este país, creo que algún día alcanzaremos el grado de desarrollo social y económico suficiente para reducir las jornadas de trabajo; no obstante, no podemos darnos ese lujo en este momento. De pronto sí, pero por ahora no.

En lo personal no tengo queja, de hecho, tengo muchas cosas buenas que agradecer. Sin embargo, como sociedad, como país, siento que estamos atravesando uno de los años más tortuosos de toda la historia. 

Algunos dirán que las últimas generaciones no experimentamos una guerra o que nunca hemos tenido que afrontar una hambruna, pero en lo que conocemos, de lo que podemos hablar, es evidente que este año ha sido crítico y que cosas impensables han pasado y nos aterroriza la idea de que lo peor puede estar por venir. 

Sin ninguna duda este ha sido un año negro, de esos que la mayoría quiere olvidar, pero, lo que más preocupa, es que se está empezando a perder la esperanza. Cada día se siente con mayor fuerza el desasosiego de la gente y ese sentimiento, en una nación en crisis, es muy peligroso.

Cuando todos creíamos que nada podía superar una pandemia que nos ha obligado a llorar a más de 34.000 personas y a sufrir la destrucción de nuestro aparato económico, como si estuviéramos en una pesadilla dantesca, tuvimos que observar impávidos la muerte de 9 personas en una sola noche y la destrucción de muchas estaciones de policía, en una protesta que buscaba paradójicamente hacer un llamado por el respeto a la vida.

Tan solo unas semanas después, seguimos experimentando paros y convocatorias de protesta a nivel nacional por razones muy diversas y no necesariamente justas, que han ralentizado el arranque de la economía. Muchos negocios se están acostumbrando a que cada 15 días tienen que cerrar sus puertas para no ser vandalizados y perder por esa vía lo poco que están vendiendo.

Ahora, como si se tratara de una película oscura de Tim Burton, la naturaleza se ensaña contra nuestras islas acabando prácticamente con todo. Lo que pasó en San Andrés, Providencia y Santa Catalina me duele, me duele mucho, no solo por lo que se perdió, sino porque esa población recién salía de otra tormenta tropical y apenas hace unas semanas empezaba a ver una ligera reactivación del turismo del cual dependen totalmente. 

Es triste pensar que la bonanza turística que se generó fruto de nuestro cargo de conciencia, cuando estuvimos a punto de perder la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en una disputa con Nicaragua, hoy es solo un recuerdo. 

El huracán Iota puso a prueba la precaria infraestructura de las islas, Providencia y Santa Catalina quedaron destruidas y en San Andrés la afectación es muy grande. A tal punto, que la temporada turística de fin y principio de año, que se esperaba ansiosamente para recuperar en algo lo que se perdió con el aislamiento obligatorio, no llegará.

Y nuestro mayor distractor, quizás el único que nos une como nación, porque en todo lo demás es claro que estamos ampliamente divididos, la selección Colombia de fútbol, cuando más lo necesitábamos, se devolvió 40 años para recordarnos que no somos la potencia futbolística que todos soñamos ser. Para los seguidores de nuestro equipo, ese 6-1 frente a Ecuador nos llevó al más profundo dolor y a la depresión nacional. 

Es irónico y quizás absurdo, que a algunos les preocupe más quien reemplazará a Queiroz, que la suerte de nuestros compatriotas de las Islas o los cientos de muertos que todos los días indican que el coronavirus es la peor tragedia de toda nuestra historia. 

Es tan deprimente la situación, que he tomado la sana decisión de ver noticieros en televisión solo una vez al día y ojalá en su última edición que es un resumen de lo importante. No tiene sentido sentarse 3 horas a ver y escuchar malas noticias. Prefiero leer solo lo que realmente me interesa y no exponerme a que me impregnen de mala energía con contenidos negativos que no puedo controlar.  

A veces quisiera que este año se acabara en 10 días, que, por decreto, acortáramos este nefasto año un mes. Sin embargo, cuando pienso en que llegó la Navidad, me acuerdo de que esa mágica época tiene la virtud de hacernos recuperar la fe y la esperanza. 

Para mí la Navidad comienza cuando una reconocida emisora de radio empieza a difundir su tradicional comercial de fin de año. En esta temporada, la cadena, con buen tino y para mi alegría inmensa, decidió adelantar esa trasmisión un par de semanas. ¡Esa es la actitud! Necesitamos fe, necesitamos esperanza. No nos podemos dejar derrotar como nación. 

Ojalá este año no existiera, pero la realidad es que existe. Ahora bien, de todos depende que el país se recupere y que la situación mejore. Todos, desde donde estemos y desde lo que hagamos, sin importar en lo que creamos, tenemos que poner nuestra mejor actitud para salir adelante. 

Mi llamado es a que desempolven ya sus arreglos de Navidad y decoren sus casas, a que empecemos a pensar en regalos sencillos, pero hechos o comprados con amor. Así sea poquito, desde lo que cada uno pueda, tenemos que volvernos a ilusionar, tenemos que mover la economía para que ese anhelado 2021 llegue cargado de buena energía. De esa energía que necesitamos para generar 5 millones de nuevos empleos, para reconstruir a San Andrés, Providencia y Santa Catalina y para volverle a hacer fuerza a la Selección Colombia en marzo. 

Tenemos que recuperar la fe, levantarnos como lo hemos hecho tantas veces en este país y demostrar que podemos volver a hacerlo para salir adelante como nación.

Fuente: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/2020-ano-siniestro-necesitamos-recuperar-la-fe-por-camilo-cuervo/307300

INFORMATIVO LABORAL

Por considerarlo de su utilidad, nos permitimos informarles acerca de las novedades incluidas en el reciente Boletín 055 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 11 de noviembre de 2020.

A partir de la tercera semana de noviembre, las empresas interesadas en aplicar al Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF podrán acercarse a su entidad financiera para iniciar el trámite para recibir el subsidio correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020.

¿Qué se incluyó en este nuevo ciclo del PAEF?

• Por cada mujer empleada, se otorgará un 50% de un salario mínimo, en vez del 40% originalmente planteado.
• Así mismo, los sectores turístico, gastronómico y de entretenimiento, que han tardado más que el resto de sectores en reactivar sus actividades, recibirán un subsidio del 50% por cada trabajador empleado.

Durante el periodo de postulación que se habilitará en los próximos días, las empresas podrán radicar los documentos y un formulario por cada uno de los tres meses previstos, demostrando en cada caso el cumplimiento de los requisitos del programa.

¿Cómo acceder al PAEF?

Las personas jurídicas y naturales empleadoras, empresas sin ánimo de lucro, consorcios, uniones temporales, cooperativas de trabajo asociadas y patrimonios autónomos, deben presentar ante la entidad financiera en donde tengan su cuenta bancaria los siguientes documentos:

Formulario definido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y puesto a disposición de las entidades financieras para la postulación al PAEF, diligenciado y firmado por el representante legal del postulante, promotor o liquidador de la empresa en reestructuración o liquidación, o persona natural, con la siguiente manifestación bajo la gravedad de juramento:

• Identificación del beneficiario que realiza la postulación al programa, así como de su legal cuando aplique.
• Intención de ser beneficiario del programa.
• Que no es una entidad con participación directa de la nación y/o entidad descentralizada sea mayor al 50% del capital.

Certificación firmada por el representante legal, promotor o liquidador de una empresa en reestructuración o en liquidación, la persona natural empleadora y el revisor fiscal o contador público en los casos en los que el postulante no esté obligado a tener revisor fiscal, en la que se certifique:

• La disminución de ingresos.
• Que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior.
• Que, sin perjuicio de lo anterior, los beneficiaros de la postulación de los meses de septiembre, octubre y noviembre pagarán, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos, las obligaciones laborales adeudadas de las nóminas de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, si existieran.

Estaremos atentos ante cualquier reglamentación adicional que se expida con el fin de complementar la presente información.

En los próximos días, la mesa de concertación laboral conformada por los gremios económicos, las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional, por mandato legal, iniciará las negociaciones para establecer el reajuste del salario mínimo y del auxilio de transporte de 2021.

Desde que existe esa comisión de concertación, pocos han sido los acuerdos y sí, muchas las divergencias en lo que a fijar el indicador más importante de la economía colombiana respecta: establecer el monto del incremento del salario mínimo.

Sin querer, y de forma casi imperceptible, nuestra economía se ha empezado a caracterizar por contar con un sistema de fijación de precios “salarializado” desde hace varias décadas. Hoy, prácticamente toda la economía se mueve al vaivén del porcentaje en que, año tras año, se incrementa el salario mínimo.

Si bien la economía consulta otros indicadores, tales como la variación en el índice de precios al consumidor (IPC) o el incremento de la unidad de valor tributario (UVT), es claro que los honorarios del sector de servicios, el mercado general de salarios, las pensiones y hasta las multas de tránsito dependen de las decisiones que se tomen en una mesa de concertación en la que rara vez se alcanza un acuerdo.

A pesar de su importante rol económico, esas reuniones se han convertido en una parodia que se repite sin fin, en la que los sindicatos llegan desunidos, con cifras desconectadas de la realidad del país, poco sustentadas y tratando de negociar el salario mínimo como si se tratara de una transacción en una plaza de mercado en la que se confía en pedir mucho, con la certeza de negociar y obtener muy poco.

Por su parte, los empresarios suelen presentarse en bloque, con posiciones muy herméticas, casi secretas, normalmente sustentadas, pero intencionalmente bajas para generar una disrupción en las cifras de los sindicatos y, de alguna manera, hacerle juego a la misma estrategia de los sindicatos, pero al contrario.

El Gobierno, con algo de angustia, por lo general se sienta a observar sin proponer mayor cosa; en la práctica, se convierte en una especie de buen componedor, como si la cifra no lo afectara, lo cual es ilógico, teniendo en cuenta que es el mayor responsable y quizá el más interesado en llegar a un acuerdo.

Tristemente, nos hemos acostumbrado a observar cómo durante dos meses se discuten cifras muy distantes, para que el Gobierno anuncie por decreto el porcentaje de ajuste, cuando la gente está concentrada en descansar, destapar los regalos navideños y celebrar la llegada del año nuevo; es decir, cuando casi nadie le presta atención al tema y el impacto “político” suele suavizarse.

Esa mesa de negociación generalmente fallida, ahora y como nunca, tiene una responsabilidad histórica de la que deben ser conscientes todos sus miembros, simplemente porque en sus manos se encuentran millones de empleos que se pueden preservar o perder, si no se actúa con base en la realidad económica actual, con prudencia, seriedad y sensatez.

El incremento del salario mínimo es el peor enemigo del empleo y de la formalidad. En Colombia, el 85% de los trabajadores devenga menos de dos salarios mínimos legales mensuales y prácticamente la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad y no alcanza a un salario mínimo legal mensual.

Los expertos indican que el incremento de un punto porcentual en el salario mínimo legal puede representar un aumento de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de informalidad y la pérdida definitiva de al menos 200.000 empleos. Muchos creen que el “exceso” en el incremento del salario mínimo durante 2018 y 2019 explica, en parte, el progresivo incremento en las tasas de desocupación que veníamos experimentando antes de que llegara la pandemia de la covid-19.

A septiembre de este año, fruto de la pandemia, el desempleo alcanzaba el 15,8% (aproximadamente un 6% más que el mismo mes del año pasado) y el futuro del mercado de trabajo ante una expansión creciente del virus no es muy alentador. A hoy, somos uno de los países más afectados en materia de empleo por la emergencia global y tenemos las peores cifras de empleabilidad entre los países que hacen parte de la Ocde.

Según las normas que regulan la fijación del salario mínimo, cuando no se alcanza un acuerdo en la mesa de concertación, el Gobierno nacional está obligado a considerar la inflación proyectada del próximo año y sumarla a la productividad experimentada durante el presente para determinar el incremento.

Considerando que la inflación de 2020 con seguridad estará por debajo del 2%, que la de 2021 podría rondar las mismas cifras y que la productividad evidentemente será negativa, no se entiende cómo podría pensarse en un incremento, así sea bajo, para el próximo año.

Ante ese sombrío panorama, la pregunta inevitable es: ¿por qué no pensar en un acuerdo nacional para preservar empleos?; ¿por qué no dejar a un lado los intereses políticos que suelen moverse en la mesa de concertación salarial?, ¿por qué no negociar con base en la cruda realidad que representa una pandemia? En este sentido, la más dura de las preguntas es: ¿por qué no considerar seriamente la posibilidad de no incrementar el salario mínimo, ni el auxilio de transporte para el año 2021?

Reconozco que no incrementar el salario mínimo es una propuesta impopular, que le puede costar mucho al ya debilitado gobierno Duque, pero, en estricto sentido económico, podría salvar muchos empleos y evitar la informalidad que se está disparando en las calles. Si fruto de una medida de esa naturaleza lográramos reducir las cifras de desempleo en algunos puntos y evitar el hambre de millones de familias, un esfuerzo de esa envergadura de parte de todos los actores estaría más que justificado.

Por ahora, los sindicatos han anunciado que se presentarán unidos a la mesa de concertación, como no lo habían hecho en muchos años; que presentarán una propuesta de incremento del 10%, y que están seguros de que su firme posición le inyectará recursos a la economía. Por su parte, los empresarios han guardado prudente silencio e indicado que debe existir incremento, pero muy mesurado. El Gobierno no ha dicho nada.

Pase lo que pase, tal como lo he sugerido en estas mismas páginas, la prioridad fundamental en materia económica del Gobierno Duque debe ser preservar empleos y recuperar los que se han perdido. No empeñarse a fondo en ese propósito, arriesgando mucho, puede ser, sin exagerar, trágico de una u otra forma para todos. Para evitarlo, la mesa de concertación laboral debe atender el necesario llamado al ingenio pues, como diría Albert Einstein: “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”.

INFORMATIVO LABORAL

Por considerarlo de su utilidad, nos permitimos informarles acerca de las novedades incluidas en el reciente Decreto 1422 del 04 de noviembre de 2020 “Por el cual se dictan disposiciones para el pago de la prima de navidad para la vigencia fiscal 2020.” Expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

 Con el propósito de continuar con la estrategia de reactivación económica, se ordenó reconocer la prima de navidad para la vigencia fiscal 2020 a los Servidores Públicos vinculados a las entidades públicas del orden nacional en el mes de noviembre.

La Prima de navidad será pagada en la primera quincena del mes de noviembre, en los mismos términos y condiciones en los que esté regulada la prima.

Además, las entidades territoriales podrán optar por reconocer y pagar la prima de navidad como se estipula en el presente decreto.

Estaremos atentos ante cualquier reglamentación adicional que se expida con el fin de complementar la presente información.

Camilo Cuervo, socio de Cuberos Cortés Gutiérrez, habló sobre las medidas laborales que se están tomando en la nueva normalidad.

Una de las áreas del derecho que más se dinamizó durante la emergencia sanitaria fue la laboral, en cuanto de la noche a la mañana las empresas debieron implementar una serie de medidas y recomendaciones para seguir su funcionamiento en medio del aislamiento. Camilo Cuervo, socio de Cuberos Cortés Gutiérrez, explicó el alcance y las consecuencias de algunas de estas.

¿Siguen en trabajo remoto las personas que están trabajando en sus casas o ya se debe hablar de teletrabajo?

El trabajo remoto no existe, no está regulado en ninguna norma. La gente asume que el teletrabajo debe tener distancia, pero lo que debe tener es la interconexión a través de herramientas tecnológicas de comunicación. Esto hay que diferenciarlo del trabajo en casa, que para mí no existe porque no está regulada en la ley, sino como una excepción al teletrabajo.

Las empresas deben asumir que los empleados están en teletrabajo, que tiene unos requisitos que se deben cumplir, porque ya no hay un motivo de fuerza mayor, como eran las medidas de aislamiento, que obliguen a que los trabajadores se queden en sus casas.

¿Cuáles son las consultas más recurrentes que reciben en esta nueva normalidad?

Hay muchas dudas sobre cómo manejar el tema de salarios y contratación de cara al próximo año, cómo buscar alternativas contractuales, como el trabajo por horas, que creo será una tendencia. Y lamentablemente también hay consultas sobre despidos, aunque hemos hecho énfasis en la importancia de buscar mecanismos alternativos para conservar, en la medida de lo posible, los puestos de trabajo.

¿Cómo está regulado el trabajo por horas y qué tiene que ver el piso mínimo de protección social?

Está contemplado en la ley, en el artículo 132, que establece que se pueden pactar salarios por unidad de tiempo hace años. Lo que pasaba era que si una persona trabajaba por horas y estaba por debajo del salario mínimo había una barrera de acceso al sistema de seguridad social, que es lo que el piso mínimo de protección corrige, al permitir aportes por debajo de ese valor.

DIEGO ACEVEDO ABOGADO DE CUBEROS CORTÉS GUTIÉRREZ

“A mí me parece que llegó el momento de flexibilizar las relaciones contractuales, no todo debe estar enmarcado en el vínculo típico, se deben permitir otras formas de relacionamiento en las normas”.

¿No hay desprotección en ese caso?

Obviamente hay más desprotección, pero lo que estaba pasando antes era un todo o nada, que usualmente era nada. Ahora hay un intermedio.

¿Entonces fomenta la formalidad laboral?

Creo que sí. La informalidad es el mayor problema de este país, y hay que entrar a ver qué se entiende por formalidad. Para la OIT formalidad es un contrato de trabajo, que es un concepto anacrónico, pero para mí está en formalidad el que está en una relación que tiene afiliación a seguridad social y que pague impuestos.

¿Los domiciliarios de plataformas qué estatus tiene?

Ese es el gran debate ahora. Si no damos el debate y hacemos una regulación legislativa sobre el tema, de manera técnica, eso va a terminar regulado vía sentencias judiciales, y puede ser muy problemático.

Antecendentes

Para Cuervo, la regulación de las relaciones entre domiciliarios y plataformas tecnológicas debe ser un intermedio entre la relación de trabajo y el contrato colaborativo autónomo. Ese punto medio, en su concepto, pasa por la seguridad social y podría encontrarse cobrando a los usuarios finales un sobrecargo destinado al pago de seguridad social de los domiciliarios. Las plataformas fungirían como intermediarios entre el usuario y la entidad de seguridad social.

Fuente: https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/la-figura-del-trabajo-remoto-no-existe-no-esta-regulado-en-ninguna-norma-o-legislacion-3085812

Cuando la emergencia sanitaria empezó, la mayoría de los seres humanos creíamos, con algo de inocencia y mucha esperanza, que la pandemia nos modificaría la vida un par de meses; también creíamos que, finalizada la contingencia, todo volvería a ser como “antes” y que nuestro paso por el coronavirus se convertiría en un mal recuerdo.

Ni el más pesimista pensaba que, ad-portas de instalar los adornos de Navidad, nos tocaría considerar seriamente la compra de tapabocas con motivos navideños; pensábamos que los memes que se burlaban del alcohol envasado en botellas con lucecitas titilantes verdes, rojas y blancas eran una exageración. La realidad hoy es otra.

Estamos muy lejos de una solución real a la pandemia; por el contrario, estamos muy cerca de una segunda ola de contagios y de miles de muertos que nos dolerán a todos, sin excepción. Sin embargo, existe una gran diferencia: en la primera “cresta” de la pandemia éramos una sociedad neófita, que aprendió fruto del ensayo y del error. Nadie, ni el más pretensioso, puede indicar hoy que tiene la respuesta o la solución perfecta para manejar la crisis. Sin embargo, por lo menos, ya sabemos qué pasa si hacemos las cosas mal.

Aprendimos, con dolor e impotencia, que las cuarentenas estrictas solo sirven para preparar el sistema de salud y no saturarlo, aunque tienen la vocación inevitable de destruir el aparato productivo y, de paso, acabar con millones de empleos.

Hoy, después de nueve meses de “experiencias”, no podemos replicar lo que ha demostrado que no sirve. Repetir el manejo de abril y mayo sería equivalente a leerse un libro varias veces esperando que el final sea distinto. Puede que cada vez que se lea se entienda mejor, pero léase como se lea, siempre llegará al mismo final.

Indistintamente de los factores económicos que se analicen, parece existir consenso en que el desempleo es el indicador más peligroso en una economía en crisis; todo lo demás podría recuperarse en un relativo corto tiempo, pero crear nuevos puestos de trabajo nos puede llevar varios años. El empleo, sin importar mucho su formalidad, mueve la economía, es la base fundamental del consumo, la gasolina de cualquier modelo económico y tiene la vocación de generar una reacción en cadena cuando los puestos de trabajo se pierden.

Un desempleado no paga sus deudas. Una entidad financiera que tiene cartera en mora de la gente desempleada suele endurecer sus políticas de crédito y prefiere dejar de “arriesgar”. Una economía que se queda sin crédito, fruto del miedo a prestarle a alguien que perderá su empleo, genera un ciclo recesivo y altamente peligroso. Eso lo vivimos hace 20 años con la crisis financiera de finales de los noventa y no nos puede volver a pasar.

Es la hora de cambiar de libreto, es el momento de asumir una opción seria y contundente por salvar el empleo de los colombianos. Debemos reconocer que los auxilios al pago de la nómina y a la prima de servicios que el Gobierno Nacional ha otorgado a muchos empleadores han sido altamente positivos y efectivos, pero podría hacerse mucho más.

La solución no se reduce a inyectar recursos a diestra y siniestra poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Por lo menos, en materia de empleo, se trata de identificar qué está impidiendo que los empleadores se la jueguen a fondo por salvar los puestos de trabajo y proponer medidas de choque con impactos más contundentes.

¿Por qué no pensar en alternativas “políticamente incorrectas” e incluso consideradas por algunos como impopulares, pero que determinen un manejo radicalmente distinto a lo que hasta ahora se ha hecho? Por ejemplo, se podría pensar en permitir licencias no remuneradas, con pago de los actuales subsidios, o en reducciones unilaterales de jornadas y salarios a cambio de obligar a los empleadores a que accedan a esas figuras de excepción, a mantener los empleos de los afectados, al menos por el doble del tiempo que dure la medida de choque.

¿Por qué no retomar la idea de subsidiar aportes a la seguridad social para aquellos empleadores que garanticen mantener empleos? ¿Por qué no crear jornadas de trabajo completamente nuevas que permitan la creación de bancos de horas trimestrales, suspendiendo el pago de recargos por trabajo nocturno, extra o dominical, por lo menos durante el tiempo que dure la emergencia?

Existen muchas ideas y opciones en las que se requiere, ante todo, mente abierta de los principales actores. El Gobierno debe concertar medidas con sindicatos, empresarios y partidos políticos para tomar medidas urgentes y de choque en lo laboral. Probablemente, debamos aplicar aislamientos selectivos y sectorizados, pero para ese momento, que está a la vuelta de la esquina, debemos estar preparados para cuidar la salud,así como con la misma contundencia los empleos.

La prioridad sigue y seguirá siendo salvar vidas, al tiempo que cuidar empleos. No podemos llegar al punto en que las medidas aparentemente garantistas de los derechos de los trabajadores no sean efectivas, sencillamente porque ya no existan los empleos que se buscaba preservar. Repetir las fórmulas de encierro masivo, sin calcular los impactos en el mercado de trabajo nos obligará a “contener” una “tercera ola” con consecuencias insospechadas: el nefasto desempleo.