” Existen cinco factores que llevan a concluir que Uber es en realidad un empleador y no simplemente una “plataforma de contactos”, tal como siempre ha pretendido presentarse y actuar en todo el mundo”.

El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido profirió una sentencia en la que determina que los conductores de Uber deben ser considerados como workers (trabajadores) y que ese reconocimiento, les otorga el derecho a disfrutar de vacaciones, afiliación a seguridad social y a devengar un salario mínimo por su trabajo al servicio de la aplicación.

Según la sentencia, existen cinco factores que llevan a concluir que Uber es en realidad un empleador y no simplemente una “plataforma de contactos”, tal como siempre ha pretendido presentarse y actuar en todo el mundo.

Esos factores son los siguientes: i) Uber define las tarifas y el conductor no puede modificarlas; ii) Los términos del servicio son impuestos por Uber y el conductor debe someterse a ellos; iii) Cuando el conductor se conecta a la plataforma, debe aceptar los servicios que le indique Uber so pena de ser sancionado; iv) La plataforma controla a los conductores a través de la calificación de su servicio obligándolos a mantener un buen promedio para garantizar su vinculación; y finalmente, v) Uber restringe la comunicación entre los conductores y los usuarios para impedir que celebren acuerdos privados de transporte.

Cualquier parecido con la realidad de las plataformas colaborativas de todo tipo en nuestro país y en el mundo entero, no es una coincidencia; simplemente es la forma en que ese modelo de negocio opera y difícilmente podría funcionar de una forma distinta. Si los conductores de Uber fueran realmente autónomos, las plataformas serían insostenibles en el tiempo, porque su servicio se reduciría a un sitio de “citas”, en el mejor sentido de la palabra.

Esa sentencia ha causado revuelo en todo el mundo y Colombia no puede ser la excepción. Hoy nos preguntamos: ¿estamos frente a una nueva modalidad de vinculación laboral? O, por el contrario, ¿simplemente empieza a ser claro que el mundo reconoce que los colaboradores de las plataformas colaborativas en realidad son trabajadores -en el sentido tradicional del concepto-, en lugar de simples trabajadores independientes que deben proveerse a sí mismos de garantías para poder trabajar?

Para empezar, es prudente explicar que el sistema legal inglés hace una diferencia que puede parecer sutil, pero es trascendental. En Inglaterra, se diferencia entre un “empleado” (employee); un “trabajador” (worker) y el “trabajador independiente” (self employed), siendo categorías similares, pero finalmente muy distintas en su concepción y efectos a la hora de reconocer quien es un colaborador permanente y quien no lo es.

En Inglaterra, un worker desarrolla una relación jurídica intermedia entre un “empleado” y un trabajador independiente. En virtud de esa clasificación, esos colaboradores no son entendidos como “trabajadores directos dependientes”, pero sí se reconoce algún grado de subordinación y dependencia del contratante, en este caso de Uber, lo cual los hace merecedores del pago de un salario mínimo, del reconocimiento de vacaciones y de algunas garantías de seguridad social.

Ahora revisemos el caso colombiano en donde la categoría denominada “worker” no existe. En Colombia es blanco o es negro, no tenemos escala de grises. En nuestro país, el conductor de Uber es empleado o es independiente; así de sencillo. Eso sucede porque nuestra legislación es anacrónica, a tal punto, que presume que todo aquel que preste un servicio personal es trabajador hasta que no se demuestre lo contrario (Art. 24 C.S.T.).

Esa dicotomía entre ser totalmente subordinado o ser absolutamente independiente, puede ser nefasta a la hora de encontrar soluciones al problema para aquellos casos que se encuentra en una situación intermedia. No obstante, lo único claro es que esos “colaboradores” son seres humanos. Son personas que se exponen, laboran incansablemente para garantizarle comodidad a otros y le generan riqueza al empresario; por ende, en el más básico ejercicio de la justicia, merecen gozar de garantías mínimas, tal como lo está reconociendo la sentencia inglesa.

En mi opinión, las plataformas de colaboración tienen muchos elementos de subordinación laboral, pero también muchos otros de independencia. Esa particular característica mixta o ecléctica genera una tercera categoría en Colombia: el semidependiente que aún no existe en los códigos, pero que vemos todos los días en nuestras calles y en nuestras puertas. Ese es el punto: honrando la realidad, necesitamos crear una nueva clasificación de colaboradores urgentemente.

Solucionar este tema no es opcional. Tenemos el deber de regular el asunto porque las economías colaborativas no van a desaparecer ni en Inglaterra, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo. Por el contrario, día tras día, la sociedad se empeña en tejer complejas redes de bienes y servicios en las que todos participamos y nos beneficiamos como individuos y como sociedad. Solo piensen en esto: ¿Se imaginan lo que hubiera sido de muchos de nosotros sin los domiciliarios en medio de las cuarentenas en esta pandemia? El mundo cambió y seguirá cambiando; nos toca aceptarlo.

Por ahora, el tema no solo ha llegado a Colombia por las noticias, sino que ya empiezan a verse algunos ejemplos de que sí se puede hacer algo y que las plataformas colaborativas deben preocuparse por sus colaboradores. Es loable que empresas multilatinas como IFood hayan anunciado su determinación de afiliar a sus repartidores a los sistemas de seguridad social contra su propio pecunio, es decir, sin cobrarle a los domiciliarios, ni a los usuarios. Es cuestión de tiempo para que otras plataformas sigan el ejemplo; hoy ser socialmente responsables hace la diferencia para muchos de sus clientes, ya sean estos consumidores o restaurantes.

Regular esas relaciones laborales de facto es inaplazable. No solo para defender a los conductores, domiciliarios y demás trabajadores de plataformas, sino para proteger una fuente de empleo que evidentemente ha aliviado el desempleo, ha favorecido a aquellos que no tienen un lugar en el mercado laboral y, por qué no decirlo, ha beneficiado a muchos migrantes que encuentran en las plataformas una fuente para generar recursos para su sostenimiento y el de sus familias, ayudando a que la carga social sea menos pesada para todos.

En las últimas semanas ha causado gran revuelo el proyecto de resolución por medio del cual, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, pretende poner en marcha la nómina de salarios electrónica como un paso más hacia la consolidación definitiva de la facturación, igualmente electrónica, que desde el año pasado viene funcionando con relativo éxito.

Lo primero que debe decirse es que no es un tema nuevo. El reporte de la nómina de salarios a la DIAN es uno de los muchos componentes que se previeron cuando se diseñó un complejo sistema de facturación y reporte, en tiempo real, de las distintas operaciones sujetas a impuestos que las empresas ejecutan todos los días.

Es un cambio que puede parecer brusco, que genera suspicacias y que lógicamente tiene muchos detractores, en especial, porque nadie entiende muy bien cuál es el alcance de esa figura, para qué la DIAN quiere esa información, o mejor aún, para qué la usará.

Se pueden ofrecer muchas explicaciones, la mayoría de ellas “políticamente correctas” y que indican que todo debe “modernizarse” y “sistematizarse”. Sin embargo, de fondo, es sensato reconocer y aceptar que el fin último de la nómina electrónica es fiscalizar y recaudar más impuestos, facilitando la tarea al dejarlo todo en manos de un computador que está gobernado por la ya omnipresente inteligencia artificial.

Es claro que esta nueva figura es un paso más hacia el sueño de la DIAN y de todos los Gobiernos, sin importar quién sea el presidente, de enviarle a las empresas y a las personas naturales su declaración de impuestos “lista”, sin que tengan el menor margen de maniobra para la elusión.

En el caso de la nómina electrónica el tema se reduce a controlar y fiscalizar automáticamente la mayor fuente de recaudo del impuesto de renta de las personas naturales que es su salario y hacerlo en tiempo real. Eso, hace algunos años, era impensable; hoy es un hecho.

Si hay algo difícil en la administración de nómina, es calcular cuál es la retención que debe efectuarse a un trabajador como consecuencia de sus ingresos, en especial, porque Colombia posee una serie de exenciones y beneficios tributarios que permiten y, por qué no decirlo, facilitan la reducción de impuestos en conductas que muchas veces rayan en la ilegalidad.

El tema es sencillo, si la nómina la efectúa un sistema controlado por el ente recaudador de impuestos, que para el caso será el propio empleador al reportar, es claro que esos “esguinces” al pago de tributos desde el momento mismo en que el trabajador recibe su salario, tenderán a desaparecer.

De otro lado, esa basta información, tarde o temprano, también será usada para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP (la “DIAN” de la seguridad social), cruce información, haga cuentas y fiscalice los aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales. Hoy esa gestión de control es posterior al pago, normalmente se efectúa muchos años después, generando costos muy onerosos de intereses y sanciones; incluso cuando muchas de las pruebas útiles para defenderse ya no obran en los archivos de las empresas por distintas razones.

Los que han sufrido un proceso de fiscalización de la UGPP saben que puede ser una verdadera pesadilla. Para bien o para mal, es probable que una nómina con reporte electrónico a las autoridades fiscales nos evite esos costosos “reprocesos” … todo hay que verlo desde el lado amable.

Por ahora, el tema se encuentra en su etapa de implementación y es tan solo un “proyecto de resolución” que aspira a convertirse en norma antes de marzo de 2021, toda vez que se espera que las grandes empresas estén reportando su nómina a mediados de este año. Con seguridad para esas empresas la implementación de la figura se reduzca a generar una interfase de sus actuales sistemas de nómina que suelen ser muy robustos y eficientes y cuyos desarrolladores ya están trabajando sobre los aspectos técnicos del proyecto.

No obstante, es muy probable que el tema tome mucho más tiempo del que ha previsto la DIAN, porque con seguridad resultará un proceso tortuoso y complejo para la inmensa mayoría de los empleadores que en este país son microempresarios, en especial para aquellos que ni siquiera cuentan con un sistema especializado de nómina, por lo que pedirles que la pongan en “línea” puede resultar siendo algo titánico.

Tal como sucedió con la factura electrónica, es altamente posible que pasemos por muchos proyectos y correcciones antes de llegar a una versión final, funcional y operativa de la figura. La nómina con reporte electrónico a la DIAN quizás nos dé algo de espera, pero no rebaja. Como muchas cosas en la vida, la única opción es aceptar la realidad, prepararse para ella, acomodarse y avanzar.

Subir el salario mínimo a un millón de pesos o reducir la jornada semanal ocho horas son escenarios equivalentes, aun cuando provengan de esquinas ideológicamente tan alejadas.

Muchos me han pedido una opinión sobre la reducción de la jornada de trabajo que fue aprobada en la plenaria del Senado la semana pasada y que reduce en un día la jornada semanal, o -lo que es lo mismo- que reduce la dedicación horaria de las cuarenta y ocho horas de hoy en día a cuarenta horas semanales, tal como figura en el proyecto.

Escribir estas palabras me costó mucho trabajo, entre otras razones porque reconozco que todos, sin excepción, deberíamos tener la posibilidad de trabajar un poco menos y dedicar ese tiempo a otras actividades personales y familiares para tener una mejor calidad de vida y lograr el tan anhelado equilibrio entre la vida personal y la laboral. Muchos países europeos, e incluso algunas empresas colombianas, por convicción, han recorrido ese camino y han logrado demostrar que el que trabaja menos horas, cuando lo hace con compromiso y disciplina, lo hace mucho mejor y suele ser más productivo.

Qué bueno sería que esas horas se dedicaran a mejorar las relaciones personales, a hacer ejercicio, a leer, a aprender un arte, a planear un emprendimiento o simplemente a ver la serie que siempre hemos querido, pero que no podemos ver por física falta de tiempo. Tengo la certeza, de corazón, de que todos seríamos mejores seres humanos si le dedicáramos un poco más de tiempo a ser realmente felices, el necesario a todos los aspectos transcendentales de la vida.

Ahora bien, cuando le imprimo sensatez al asunto, mi opinión cambia radicalmente.

Creo que no existe un momento más inoportuno para plantear una reducción general de la jornada de trabajo que el que estamos viviendo. Hablar de reducir jornadas cuando el desempleo ha alcanzado cifras históricas y el poco empleo que se crea es informal no solo suena ilógico, sino altamente preocupante.

Lo que propone el proyecto, en la práctica, es un incremento salarial del 16% porque los trabajadores ganarán lo mismo, pero trabajarán un 16% menos. Revisando todo lo que han propuesto los distintos actores laborares en los últimos días, es casi el mismo incremento salarial que han planteado las organizaciones sindicales, que aspiran a que el salario mínimo alcance el millón de pesos mensual, lo que representa un incremento cercano al 14%. Sin embargo, en este caso el “ajuste” se da por la vía de los descansos.

Es decir, en mi opinión, las dos propuestas que están sobre la mesa son iguales. Subir el salario mínimo a un millón de pesos o reducir la jornada semanal ocho horas son escenarios equivalentes, aun cuando provengan de esquinas ideológicamente tan alejadas. Lo irónico es que cada esquina tacha a la otra de populista e insensata.

¿Cómo explicar que nuestros legisladores están pensando en que todos trabajemos menos horas, cuando muchos colombianos no pueden laborar ni siquiera una hora para llevar el pan a sus casas? Es igual que decirles a esos mismos desempleados que los que sí tienen trabajo ahora van a devengar un 14% más. Ante esta paradoja mi abuelita diría: ¡No hay nada más feo que comer delante del hambriento!

Cualquiera podría pensar que, si trabajamos menos horas, las empresas van a salir a buscar nuevos trabajadores para cubrir el “hueco”; sin embargo, en las actuales circunstancias, muchos preferirán reducir su operación, ajustarla a la realidad actual y, por ejemplo, eliminar un turno completo de trabajo, lo cual implica, paradójicamente, dejar más gente sin empleo.

Me pregunto si los que aprobaron la reducción de la jornada la semana pasada son conscientes de que el servicio de vigilancia, los meseros de los restaurantes que frecuentan o los médicos que los atienden siete días a la semana, veinticuatro horas al día, probablemente les cobren más por el mismo servicio que reciben o simplemente no los atienden porque la asistencia resultará mucho más costosa cuando las empresas deban pagar más por el mismo tiempo laborado.

Este tipo de propuestas aisladas, quizá oportunistas -por no decir populistas- solo demuestran que nuestro país no cuenta con una política pública de empleo de largo plazo. Es urgente repensar nuestro sistema laboral para corregir muchas deficiencias; quizá la más preocupante es que casi el 70% de los colombianos es informal, es decir, trabaja por cuenta propia, sin seguridad social y en muchos casos devenga menos del salario mínimo legal.

En lugar de estar aprobando proyectos a los que es muy difícil oponerse porque hacerlo es “políticamente incorrecto”, deberíamos estar concentrados y comprometidos firmemente en concertar una reforma laboral urgente, de emergencia, que nos ayude a salir de la difícil coyuntura, pero que de paso corrija muchos de los problemas de empleabilidad que aquejan al país desde hace décadas.

Yo creo en este país, creo que algún día alcanzaremos el grado de desarrollo social y económico suficiente para reducir las jornadas de trabajo; no obstante, no podemos darnos ese lujo en este momento. De pronto sí, pero por ahora no.

En lo personal no tengo queja, de hecho, tengo muchas cosas buenas que agradecer. Sin embargo, como sociedad, como país, siento que estamos atravesando uno de los años más tortuosos de toda la historia. 

Algunos dirán que las últimas generaciones no experimentamos una guerra o que nunca hemos tenido que afrontar una hambruna, pero en lo que conocemos, de lo que podemos hablar, es evidente que este año ha sido crítico y que cosas impensables han pasado y nos aterroriza la idea de que lo peor puede estar por venir. 

Sin ninguna duda este ha sido un año negro, de esos que la mayoría quiere olvidar, pero, lo que más preocupa, es que se está empezando a perder la esperanza. Cada día se siente con mayor fuerza el desasosiego de la gente y ese sentimiento, en una nación en crisis, es muy peligroso.

Cuando todos creíamos que nada podía superar una pandemia que nos ha obligado a llorar a más de 34.000 personas y a sufrir la destrucción de nuestro aparato económico, como si estuviéramos en una pesadilla dantesca, tuvimos que observar impávidos la muerte de 9 personas en una sola noche y la destrucción de muchas estaciones de policía, en una protesta que buscaba paradójicamente hacer un llamado por el respeto a la vida.

Tan solo unas semanas después, seguimos experimentando paros y convocatorias de protesta a nivel nacional por razones muy diversas y no necesariamente justas, que han ralentizado el arranque de la economía. Muchos negocios se están acostumbrando a que cada 15 días tienen que cerrar sus puertas para no ser vandalizados y perder por esa vía lo poco que están vendiendo.

Ahora, como si se tratara de una película oscura de Tim Burton, la naturaleza se ensaña contra nuestras islas acabando prácticamente con todo. Lo que pasó en San Andrés, Providencia y Santa Catalina me duele, me duele mucho, no solo por lo que se perdió, sino porque esa población recién salía de otra tormenta tropical y apenas hace unas semanas empezaba a ver una ligera reactivación del turismo del cual dependen totalmente. 

Es triste pensar que la bonanza turística que se generó fruto de nuestro cargo de conciencia, cuando estuvimos a punto de perder la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en una disputa con Nicaragua, hoy es solo un recuerdo. 

El huracán Iota puso a prueba la precaria infraestructura de las islas, Providencia y Santa Catalina quedaron destruidas y en San Andrés la afectación es muy grande. A tal punto, que la temporada turística de fin y principio de año, que se esperaba ansiosamente para recuperar en algo lo que se perdió con el aislamiento obligatorio, no llegará.

Y nuestro mayor distractor, quizás el único que nos une como nación, porque en todo lo demás es claro que estamos ampliamente divididos, la selección Colombia de fútbol, cuando más lo necesitábamos, se devolvió 40 años para recordarnos que no somos la potencia futbolística que todos soñamos ser. Para los seguidores de nuestro equipo, ese 6-1 frente a Ecuador nos llevó al más profundo dolor y a la depresión nacional. 

Es irónico y quizás absurdo, que a algunos les preocupe más quien reemplazará a Queiroz, que la suerte de nuestros compatriotas de las Islas o los cientos de muertos que todos los días indican que el coronavirus es la peor tragedia de toda nuestra historia. 

Es tan deprimente la situación, que he tomado la sana decisión de ver noticieros en televisión solo una vez al día y ojalá en su última edición que es un resumen de lo importante. No tiene sentido sentarse 3 horas a ver y escuchar malas noticias. Prefiero leer solo lo que realmente me interesa y no exponerme a que me impregnen de mala energía con contenidos negativos que no puedo controlar.  

A veces quisiera que este año se acabara en 10 días, que, por decreto, acortáramos este nefasto año un mes. Sin embargo, cuando pienso en que llegó la Navidad, me acuerdo de que esa mágica época tiene la virtud de hacernos recuperar la fe y la esperanza. 

Para mí la Navidad comienza cuando una reconocida emisora de radio empieza a difundir su tradicional comercial de fin de año. En esta temporada, la cadena, con buen tino y para mi alegría inmensa, decidió adelantar esa trasmisión un par de semanas. ¡Esa es la actitud! Necesitamos fe, necesitamos esperanza. No nos podemos dejar derrotar como nación. 

Ojalá este año no existiera, pero la realidad es que existe. Ahora bien, de todos depende que el país se recupere y que la situación mejore. Todos, desde donde estemos y desde lo que hagamos, sin importar en lo que creamos, tenemos que poner nuestra mejor actitud para salir adelante. 

Mi llamado es a que desempolven ya sus arreglos de Navidad y decoren sus casas, a que empecemos a pensar en regalos sencillos, pero hechos o comprados con amor. Así sea poquito, desde lo que cada uno pueda, tenemos que volvernos a ilusionar, tenemos que mover la economía para que ese anhelado 2021 llegue cargado de buena energía. De esa energía que necesitamos para generar 5 millones de nuevos empleos, para reconstruir a San Andrés, Providencia y Santa Catalina y para volverle a hacer fuerza a la Selección Colombia en marzo. 

Tenemos que recuperar la fe, levantarnos como lo hemos hecho tantas veces en este país y demostrar que podemos volver a hacerlo para salir adelante como nación.

Fuente: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/2020-ano-siniestro-necesitamos-recuperar-la-fe-por-camilo-cuervo/307300

INFORMATIVO LABORAL

Por considerarlo de su utilidad, nos permitimos informarles acerca de las novedades incluidas en el reciente Boletín 055 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 11 de noviembre de 2020.

A partir de la tercera semana de noviembre, las empresas interesadas en aplicar al Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF podrán acercarse a su entidad financiera para iniciar el trámite para recibir el subsidio correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020.

¿Qué se incluyó en este nuevo ciclo del PAEF?

• Por cada mujer empleada, se otorgará un 50% de un salario mínimo, en vez del 40% originalmente planteado.
• Así mismo, los sectores turístico, gastronómico y de entretenimiento, que han tardado más que el resto de sectores en reactivar sus actividades, recibirán un subsidio del 50% por cada trabajador empleado.

Durante el periodo de postulación que se habilitará en los próximos días, las empresas podrán radicar los documentos y un formulario por cada uno de los tres meses previstos, demostrando en cada caso el cumplimiento de los requisitos del programa.

¿Cómo acceder al PAEF?

Las personas jurídicas y naturales empleadoras, empresas sin ánimo de lucro, consorcios, uniones temporales, cooperativas de trabajo asociadas y patrimonios autónomos, deben presentar ante la entidad financiera en donde tengan su cuenta bancaria los siguientes documentos:

Formulario definido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y puesto a disposición de las entidades financieras para la postulación al PAEF, diligenciado y firmado por el representante legal del postulante, promotor o liquidador de la empresa en reestructuración o liquidación, o persona natural, con la siguiente manifestación bajo la gravedad de juramento:

• Identificación del beneficiario que realiza la postulación al programa, así como de su legal cuando aplique.
• Intención de ser beneficiario del programa.
• Que no es una entidad con participación directa de la nación y/o entidad descentralizada sea mayor al 50% del capital.

Certificación firmada por el representante legal, promotor o liquidador de una empresa en reestructuración o en liquidación, la persona natural empleadora y el revisor fiscal o contador público en los casos en los que el postulante no esté obligado a tener revisor fiscal, en la que se certifique:

• La disminución de ingresos.
• Que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior.
• Que, sin perjuicio de lo anterior, los beneficiaros de la postulación de los meses de septiembre, octubre y noviembre pagarán, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos, las obligaciones laborales adeudadas de las nóminas de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, si existieran.

Estaremos atentos ante cualquier reglamentación adicional que se expida con el fin de complementar la presente información.