Boletín Laboral No. 3
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LA TERCERIZACIÓN LABORAL

Boletín Laboral No. 3

INFORMATIVO LABORAL

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LA TERCERIZACIÓN LABORAL

A través del Decreto 583 expedido el 8 de abril de 2016, se reglamentó el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en virtud del cual, las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de sus actividades misionales permanentes, no podrán vincular personal mediante Cooperativas de Trabajo Asociado o bajo cualquier forma de intermediación que implique el desconocimiento de derechos legales y constitucionales de los trabajadores en Colombia.

Así pues, bajo la consideración que en nuestro país existe libertad de empresa y que el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1990 ya regulan las figuras jurídicas del contratista independiente y las empresas de servicios temporales, se hizo necesaria la redacción de una serie de reglas generales aplicables, para efectos de establecer cuándo la tercerización se considera ilegal.

I. CONCEPTOS RELEVANTES.

En primera medida, la norma define tres conceptos relevantes:

A. Actividad misional permanente: Son aquellas que se relacionan con la producción de bienes o servicios característicos de una compañía y son esenciales, porque sin ellas se afectaría la operación de la empresa.

B. Beneficiario y proveedor: El beneficiario es la persona natural o jurídica que se beneficia directa o indirectamente de la producción de los bienes o los servicios prestados y el proveedor será la persona natural o jurídica que provee directa o indirectamente los bienes o los servicios. Los dos sujetos pueden ser sociedades, sindicatos, agencias públicas de empleo, contratistas independientes, empresas de servicios personales.

C. Tercerización laboral: Todo proceso que un beneficio desarrolle con el fin de obtener la producción de bienes o la prestación de servicios a través de un proveedor y se considerará que ésta es ilegal cuando concurran dos elementos:

(1) Se utilice para el desarrollo de actividades misionales permanentes del beneficiario y

(2) la vinculación transgreda derechos constitucionales y legales de los trabajadores.

II. ELEMENTOS INDICATIVOS DE TERCERIZACIÓN ILEGAL.

La norma establece que el Ministerio de Trabajo tomará como elementos indicativos de la tercerización ilegal, los siguientes:

A. Que se haya contratado al proveedor para realizar las mismas actividades o por lo menos unas muy similares, a las que desarrollaban los trabajadores del beneficiario y a éstos últimos no se les informó por escrito.

B. Que entre el proveedor y el beneficiario exista una relación económica y el proveedor no tenga la capacidad financiera necesaria para proveer los servicios o la producción de bienes contratados.

C. Que el proveedor no cuenta con la capacidad financiera ni administrativa para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores.

D. Que el proveedor no cuente con la autonomía para el uso de sus medios de producción ni para la implementación de los procesos o subprocesos que le hayan sido contratados por parte del beneficiario.

E. Que el proveedor no imparta las instrucciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de las labores a sus trabajadores ni ejerza sobre ellos la potestad disciplinaria y reglamentaria, sin perjuicio de los acuerdos de coordinación que deben existir entre beneficiario y proveedor.

F. Que el proveedor incumpla sus obligaciones de pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social.

G. Que el beneficiario divida a los trabajadores afiliados a un mismo sindicato inscrito, mediante uno o más proveedores.

H. Que a los trabajadores del beneficiario no se les otorgue por parte del proveedor, iguales derechos con los que contaban cuando trabajaban directamente con el beneficiario y desarrollaban las mismas actividades.

J. Que el beneficiario y el proveedor incurran en conductas violatorias de las normas laborales vigentes en la celebración del contrato o figura jurídica que los vincule.

III. SANCIONES.

A los proveedores y beneficiarios que incurran en conductas constitutivas de tercerización ilegal, conforme a lo anteriormente señalado, las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo podrán imponer sanciones de hasta cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el número total de trabajadores de la empresa y en caso de reincidencia se aplicará la multa máxima.

Las sanciones podrán reducirse mediante acuerdos de formalización laboral, que impliquen la vinculación directa de personal en los porcentajes señalados en el Decreto.

Para el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, que puedan derivar en la imposición de sanciones, las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo podrán actuar de oficio o a petición de parte.

Así las cosas y debido a la expedición de este reciente Decreto, estamos prestos a brindarles la colaboración necesaria para evaluar la
correcta utilización de los procesos de tercerización al interior de sus compañías.

Para mayor información puede descargar el DECRETO 583 DEL 08 DE ABRIL DE 2016 sobre tercerización

Cordialmente,

CUBEROS | CORTÉS | GUTIÉRREZ
Abogados

DEPARTAMENTO DE DERECHO LABORAL